Los Impuestos y sus fines

Los tributos integran el sistema económico y financiero de un país. Se trata de contribuciones económicas obligatorias impuestas por el Estado, reguladas por normativas que determinan las bases imponibles, los sujetos obligados y los procedimientos de recaudación. Su función primaria es generar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado, permitiendo el cumplimiento de los fines establecidos para su adecuada gestión en miras al interés público y el bien común.

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Existen tres clases de tributos; impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia principal entre estas especies de tributos se basa en la contraprestación que incumbe en cada caso al Estado: los impuestos no tienen un servicio directo a cambio, las tasas pagan por un servicio público específico, y las contribuciones financian obras que aumentan el valor de los bienes.
Siendo que la finalidad liminar de los tributos es la obtención de recursos para el Estado, se admite también que los impuestos puedan ordenarse a inducir la realización de comportamientos sociales valiosos o que se orientan a fines comunes de la sociedad, o a la restricción de actividades que puedan entenderse disvaliosas o perjudiciales, por ejemplo, el consumo de ciertos productos o la explotación industrial generadora de daños ambientales.

Una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un impuesto por la emisión de dióxido de carbono

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia el 16 de abril de 2026, en el asunto C-519/24 | Nitrogénművek, determinando que una normativa nacional que neutraliza el efecto compensatorio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) asignados gratuitamente es contraria a los objetivos de la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión.

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Así sostuvo que el impuesto húngaro sobre los derechos de emisión de CO2 parece contrario al Derecho de la Unión Europea, extremo que corresponde comprobar al juez nacional.

El caso

En 2023, en el contexto del estado de emergencia declarado por las autoridades húngaras debido a la guerra en Ucrania, Hungría gravó con un impuesto sobre los derechos de emisión de CO2 (equivalente a 36 euros por tonelada de emisiones anuales del titular de la instalación) a los titulares beneficiarios de asignaciones gratuitas significativas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El impuesto se aplica a los titulares que cumplan dos condiciones concurrentes: registrar un promedio anual de emisiones verificadas de CO2 durante los tres años anteriores al año de referencia superior a 25 000 toneladas y haber recibido, durante el año anterior al año de referencia, una asignación gratuita de derechos de emisión equivalente, como mínimo, al 50 % del promedio de sus emisiones totales verificadas de CO2 los tres años anteriores al año de referencia.

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El objetivo principal de la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión consiste en reducir, de manera sustancial, las emisiones de gases de efecto invernadero respetando, al mismo tiempo, el desarrollo económico y el empleo, y manteniendo la integridad del mercado interior y de las condiciones de competencia. La finalidad de la asignación gratuita de derechos de emisión es evitar una pérdida de competitividad de sectores de producción y la «fuga de carbono» (esto es, el fenómeno de deslocalización de la producción).
La Directiva favorece la reducción de esas emisiones recurriendo al valor económico de los derechos para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones. A tal efecto, instaura el RCDE de la Unión Europea (Régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), que permite a las empresas utilizar o vender sus derechos de emisión en función de su valor de mercado.

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Se trata de intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas.
La sociedad Nitrogénművek, una sociedad anónima húngara que opera en el sector de la producción de fertilizantes, cuestionó la normativa ante los tribunales húngaros, afirmando que dicho impuesto no se adecuaba a la legislación de la Unión Europea. El Tribunal General de Veszprém (Hungría), interviene en el litigio y pregunta al TJUE si la Directiva efectivamente se opone a dicho impuesto.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En su sentencia, el TJUE considera que la Directiva se opone al referido impuesto en la medida en que este neutraliza el efecto compensatorio de la asignación gratuita de derechos de emisión y va en contra de los objetivos de mantener la competitividad y de evitar la fuga de carbono, extremos estos que, sostiene el TJUE, corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.
El TJUE recuerda que, con el fin de reducir al mínimo las distorsiones de la competencia, las normas relativas a la asignación gratuita de derechos de emisión están completamente armonizadas en la Unión Europea sobre una base sectorial.

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Los Estados miembros están habilitados para adoptar medidas de carácter fiscal que puedan incidir en las repercusiones económicas de los derechos de emisión, siempre que no menoscaben los objetivos de la Directiva.
Para garantizar el buen funcionamiento del RCDE de la Unión Europea, una medida nacional de este tipo no puede disminuir el incentivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el punto de suprimirlo por completo.

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Pues bien, afirma el TJUE, un impuesto sobre los derechos de emisión gratuitos priva a los operadores del incentivo para invertir en medidas de reducción por un importe equivalente al del impuesto adeudado.
Dicho impuesto elimina asimismo una parte sustancial del valor económico de los derechos de emisión y anula los mecanismos de incentivo en los que se basa el régimen para el comercio de esos derechos.
De este modo, elimina en definitiva los incentivos destinados a promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

*Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2204 del 8 de agosto de 2026