La historia provincial registra sólo dos antecedentes de llamados a consulta popular en el marco de una revocatoria para destituir a un intendente.
El primero de los casos se produjo en el 29 de agosto de 1993. Ese día los habitantes del departamento Calingasta participaron en una consulta popular en el marco de una revocatoria que le costó el cargo al entonces intendente justicialista Oreste Merino. Había asumido el 11 de agosto de 1991 con mandato hasta 1995.
El motivo fue “mala administración del municipio y falta de iniciativa para fomentar la producción y el trabajo”.
El pedido había sido impulsado por vecinos y concejales, que le achacaban al jefe comunal mala administración de las finanzas comunales y la falta de iniciativas para fomentar la producción y los puestos de trabajo.

El segundo caso fue en Caucete. Donde el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Mendoza, entonces intendente de Caucete tuvo que sortear un pedido de destitución en su contra en 2002. Lo habían acusado de irregularidades y de desorden administrativo y contable en la comuna, manejo ilegal de los fondos públicos y malversación de los recursos. Pero en la consulta popular del 8 de diciembre del 2002, Mendoza obtuvo el 55,97 por ciento de respaldo y pudo continuar en el cargo. Después de este traspié nunca volvió a ganar las elecciones.

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 1237 del 18 de septiembre de 2025

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