PERFIL
-- Nombre: Margarita Rosa Camus
-- Estado civil: En pareja
-- Hijos: Dos hijas: Mariana (16) y María José (15)

--¿Qué lee?: “Mucho de criminología. Fuera de eso, me gusta José Saramago, estoy releyendo El evangelio según Jesucristo. Lo que encuentro de Eduardo Galeano, también lo leo”
--¿Qué ve?: “Hago zapping con los noticieros, aunque hay muchos que a esta altura ya no los tolero. Veo La Ventana por Internet porque tengo servicio de televisión satelital. Miro películas que tengan que ver con casos policiales”

--¿Qué escucha?: “En música, soy limitada: me gusta Silvio Rodríguez y el viejo rock nacional. Con hijas adolescentes, vivo invadida por otra música y fuerte”
--¿Cocina?: “Si. En mi casa cocinamos comida tradicional, que tiene que ver con nuestra identidad: “machacao”, locro, pastel de papas, ambrosía. Todos cocinamos. Obviamente, a veces comemos comida chatarra”.
--¿Cuál es su plato preferido?: “El pastel de papa con canela y azúcar”
--¿Cómo le gustaría que la recuerden?: “Como una persona que intentó ser coherente con lo que piensa. Ese es el mayor valor”

Desde hace 3 años, aproximadamente, Margarita Camus es jueza de Ejecución Penal. O sea, una magistrada que se ocupa de que se cumplan las garantías que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos para las personas privadas de la libertad.

Tema polémico si los hay en la Argentina de hoy, en que la sociedad acusa a estos “jueces garantistas” de ser los responsables de aumentar la inseguridad por los beneficios extramuros que otorgan a los penados, ya que sostiene que así vuelven a delinquir.

En San Juan, el fiscal general de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, aseguró en febrero pasado que casi la mitad de los beneficiados con salidas en el Penal de Chimbas se convertían en prófugos o volvían a delinquir y opinó que eso demostraba que en la cárcel no recibían ningún tratamiento serio.

Para Camus, está comprobado que la cárcel fracasó como instrumento de resocialización, pero además expresa que, en general, se habla de la minoría de los detenidos que viola las obligaciones y delinque nuevamente y no de la mayoría que cumple. Por otra parte, opina que es imposible un tratamiento adecuado cuando penados y procesados conviven en el mismo espacio, un hecho

contraproducente para ambos y que está ampliamente probado.

—La debe mover fundamentalmente la utopía para ejercer este cargo, porque

habrá una numerosa cantidad de días en los que se desalentará.
— Si, si no sería terrible. Me pasa cada vez que voy a audiencia penal. A veces me duele revocar un beneficio, pero es el límite que tengo. Me duele porque hay casos que, con todo el margen de error que tenemos, sabemos que son reales y no un discurso. Hay internos que entraron muy jóvenes en el circuito penal, se ve el deterioro que tienen y preocupa. Desde donde quiera mirarse, hoy está comprobado el fracaso de la cárcel como instrumento de resocialización.

—¿Existe otro?

—Como sociedad, todavía no inventamos otra forma de cumplimiento de las penas de los delitos más graves que la privación de la libertad. Pero si no creemos en el respeto que nos merecemos como personas, sinceramente no sé cómo pensamos en una vida en sociedad. Toda la vida de los internos depende

de las decisiones que uno tome: desde disponer del dinero que haya ganado hasta autorizarlo a salir para ir a ver a la madre que se está muriendo. Entonces, debemos garantizar, primero, un trato respetuoso a la dignidad como ser humano y luego, todos los derechos que no están afectados por la condena, porque sólo están privados de la libertad. Creo profundamente en el tratamiento a través de la educación y el trabajo, más que en un tratamiento psicológico. No están condenados por locos. La educación y el trabajo son clave en la reinserción.

 —¿Por qué causa tanto escozor en la sociedad cuando se habla de los derechos y las garantías de los presos?
—Se entiende que la cárcel debe ser un depósito. Hay gente que sostiene que hay que volver al trabajo forzado, como si la privación de la libertad no fuera suficiente por el delito cometido. Por eso surgen esos planteos cuando se crean juzgados como éste, que están encargados de velar por los derechos de las personas que están detenidas; derechos que les confiere la Constitución y los tratados

internacionales de derechos humanos. De no entender esto, los jueces somos catalogados de irresponsables, que no cuidamos a la sociedad, que generamos inseguridad en la población a raíz de darles salidas transitorias por horas a un puñado de internos del Penal. Está instaurado un pensamiento mágico que dice que a los privados de la libertad se los debe tratar con mano dura, que no tengan

derechos, que coman en el suelo y los traten como a perros, pero que luego salgan como santos. Es una cosa esquizofrénica.

—En la cárcel, penados y procesados conviven en un mismo espacio. ¿Cuál sería a su criterio una posible solución a este problema?
— En San Juan estamos mejor que la media nacional: hay más penados que procesados. Soy partidaria de que en el Penal sea construida una institución para alojar a los procesados que no son excarcelados, separados de los penados. Primero, por las garantías constitucionales. Una persona que no se sabe cuánto va a estar allí, no puede estar conviviendo con gente penada a perpetua. Y

no es porque el condenado pueda “enseñarle”, sino porque el procesado perjudica la conducta de los penados y nadie lo dice. A quien recién entra y sabe que se va la semana que viene, ¿qué le importa una sanción? Al penado sí le interesa. Además, ¿qué tratamiento se le puede aplicar a un procesado que no sabemos cuánto va a estar detenido? Por ley, el tiempo máximo son dos años, pero no se sabe.

—¿O sea que un procesado tendría hipotéticamente menos derechos que un penado?
—Se dan cosas paradójicamente injustas: por ahí tiene menos derechos el procesado, que goza del derecho de inocencia, que el penado, que ya tiene una sentencia. Por ejemplo, como juez de Ejecución, brego para que las pocas posibilidades de trabajo que hay dentro de la cárcel se las den a los penados. Son cuestiones paradójicas. La solución es lograr el presupuesto para la construcción de un espacio para los procesados, porque así no se puede hacer un tratamiento real a los penados.

—¿Y mientras tanto?
—En agosto del año pasado mandé un escrito al penal solicitando que separen a los penados de este juzgado de los procesados. No quiero que estén juntos. Al día de hoy aún no se ha cumplido. Esto del tratamiento que está tan en boga, inclusive del que habla el Fiscal General, no se puede aplicar en estas

condiciones. El tema procesal se debe ver en otro lugar y con un equipo adecuado que analizará qué se puede hacer en un tiempo incierto de detención.

—Dentro las condiciones actuales del penal, ¿se hace imposible cumplir con su pedido?
—Entiendo que no. No escapa que hay dificultades: hay personas que llevan bastante tiempo detenidas y tienen problemas de relación con otros, por lo que no hay lugar donde ubicarlas porque causan problemas. Pero es una cantidad pequeña, que no justifica que no se cumpla el pedido. Todas las normas y desde el punto que se quieran ver, aconsejan que deben estar separados. Para mí, es un problema de organización de la autoridad penitenciaria para poder dar cumplimiento al pedido, que redundaría en mejores condiciones de control y de tratamiento para los penados.

—¿Cuánto hay de burocracia y cuánto de autoritarismo en el trato de las autoridades penitenciarias hacia los internos?
—A veces creen que es un berretín mío y no que es una medida que están obligados a cumplir. Mucho de esto pasa porque no hay formación. No tenemos un servicio penitenciario profesional. Cuando uno no tiene formación en materia de lo que “debe ser” un agente penitenciario, ¿con qué te guiás? Con la práctica y con la orden que te da tu superior y nada más. Esto es parte también del problema. Y eso que no tenemos los problemas de violencia que se dan en otras cárceles. Aún no hay hacinamiento, aunque sí hay indicadores.

—¿Cuál es la población de reclusos que tiene el penal?
—805 internos. En la unidad 4, que es la última que fue construida y con sistema unicelular, ya hay dos internos conviviendo en una celda y no está prevista para dos personas.

— En esas condiciones, ¿es posible darles educación, trabajo, capacitarlos, con vistas a la reinserción?
—En la cárcel funcionan una escuela primaria y una secundaria, con profesores que tienen una formación especial para educar en contexto de encierro. Desde mi punto de vista, con poco cupo para la cantidad de alumnos porque son pocos los docentes. La nueva Ley de Educación tiene un capítulo especial para la educación en contexto de encierro, por lo que sería bueno que se reforzara la cantidad de docentes en el penal. La mayoría de los pedidos que recibo de los internos es de trabajo y educación.

—Una manera de recuperar la dignidad
—¡Es obvio! Si no ¿de qué tratamiento hablamos? Hoy tenemos una gran población analfabeta dentro del penal. Me muero de vergüenza cada vez que termina una audiencia y tenemos que pintarle el dedo al detenido para que ponga su huella digital como firma y más cuando son internos que llevan varios años ahí. Una actividad valiosa que se está realizando es un programa de alfabetización

entre pares, internos que alfabetizan a otros internos. Esto no se dice nunca. Hay

gente que aprendió un oficio dentro de la cárcel.

—De hecho, en la pasada Feria Internacional de Artesanías, un stand exhibía los objetos que fabrican los internos
—El taller de carpintería es muy importante y como no tienen insumos, se las ingenian con este sistema de que la gente puede encargarles trabajo a cambio de que les lleven los materiales. Que esto tampoco se dice y son actividades valiosas. Como también que desde hace tres años la Universidad Nacional

de San Juan se haya involucrado y dicte talleres de historia, de formación ciudadana, literarios o de vivero. Es tan importante que los penados aprendan a pensar en una línea histórica como que les enseñen un oficio.

—Frente a esto, ¿qué siente cuando un interno se fuga durante las salidas transitorias o vuelve a delinquir?
—Hay dos aspectos con el tema de las salidas que intencionadamente se confunden. Hay internos que tienen régimen de salidas y fracasan, pero no porque cometan delitos sino porque quebrantan las obligaciones que nosotros les imponemos, entre ellas reintegrarse a una hora determinada al penal. Hay

un alto porcentaje que cumple y con muchísimo sacrificio, porque tal vez para nosotros no signifique mucho 1,50 pesos para el colectivo, pero para ellos es una fortuna. Muchos internos caminan kilómetros para volver al penal. Y no se dice en ningún lado.

—¿Cuántos son los que sí cometen delitos?
—Hay un porcentaje bajo de internos con salidas transitorias que comete delito y ése es otro punto: Que lo detengan por un delito, no significa que lo cometió. Porque, muchas veces, el juez que lleva la causa le dicta la falta de mérito y esto tampoco se dice en ningún lado. No niego que hay un porcentaje que reincide, pero es menor que el que cumple. Me encantaría leer una nota con los maestros

que dan clases en la cárcel para que digan cómo tienen que lidiar con el mismo

sistema. Cuando a un interno lo trasladan de lugar, los guardia cárceles no lo llevan a clase. No es que falte voluntariamente, no lo llevan. Y tampoco se dice. Hay internos que ya cumplieron la pena y siguen viniendo al juzgado para contarnos cómo les va, porque sienten que aquí los tratamos con respeto,

como personas.

—¿Existen políticas efectivas de reinserción para quienes cumplieron su condena?
—Esa es la pata que falta. San Juan firmó en marzo pasado un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para un seguro de capacitación y empleo que se está implementando. Espero que se haga bien. Se les paga un subsidio por desempleo apoyado con la capacitación en un trabajo determinado. Esto debería hacerlo el Patronato de Presos, Liberados y Excarcelados, pero ni siquiera cuenta con personal para llevar a cabo esta tarea…

—¿Qué pasa con el interno cuando cumple la condena?
—Está estigmatizado por la sociedad. Las posibilidades reales de conseguir trabajo son escasísimas. Puede hacer changas, pero no consigue un empleo formal. Apenas le pidan los antecedentes, le figura la condena ¿y quién le da trabajo a alguien que cometió un delito?. Nadie. Hay provincias que les exigen

a las empresas que se han radicado allí, un cupo para esta gente; para que se los capacite en oficios. Existen cooperativas de la que participan presos, para que puedan generar sus ingresos. Hay mucho que trabajar en el tema social.

—¿Hay estadísticas sobre el nivel socioeconómico y de instrucción de los penados o de su situación personal?
—No y esperamos poder hacer una muestra significativa para ver todas estas características: su situación socioeconómica, su nivel de instrucción, si tuvo una inserción laboral, de qué trabajó. Estamos diseñando esa encuesta y queremos hacer el cruce luego con los datos que surgen de ciertas políticas que se implementaron en el país. Esto no justifica ni los exculpa del hecho por el cual están cumpliendo la pena. Nosotros estamos para ver que el cumplimiento de esa pena sea como dice la Constitución y que el trato dentro de la cárcel sea un trato respetuoso de la dignidad del ser humano. Porque va a parecer una obviedad, pero quien está cumpliendo una pena es un ser humano.

—Con todas las necesidades que existen, el año pasado hubo un excedente en el prepuesto del Poder Judicial, entonces, ¿falta más dinero o es necesario una mayor y mejor planificación de los recursos?
—Obvio que hace falta planificación. Con excedente de recursos, ¿por qué trabajamos en estas condiciones? En el tema de planificación, hay que mirar lo que se está haciendo en otros lugares. ¿Qué pasaría si hubiera un buen programa de pre libertad en la cárcel, que no hay, con el que se pudieran conseguir algunos planes sociales y que los internos, cuando salgan, se puedan agrupar, entre ellos o con personas que no sean detenidos, para generar sus propios recursos de trabajo? Seguro que hay personas a las que les van dar todas estas posibilidades y van a volver a delinquir, pero ése es el ámbito de libertad con el que cada uno conduce su vida ¿Hasta dónde el Estado tiene derecho a conducir la vida de las personas?